Formalizan creación de comité técnico para evaluar actividad minera en dos distritos de Cusco

Urubamba, mar. 13 (RADIO VOX POPULI URUBAMBA). El Ejecutivo formalizó hoy la formación de un comité técnico que se encargará de emitir un informe sobre la situación ambiental en los distritos de Llusco y Quiñota, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, por la actividad minera.

La Resolución Ministerial N° 67-2012-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, refiere que el grupo de trabajo tiene el objetivo de promover el diálogo entre los agentes del sector público y privado sobre la problemática ambiental y analizar las alternativas viables de solución.

El comité técnico ambiental será presidido por el representante del Ministerio de Energía y Minas, e integrado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

También por el presidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito o su representante; los alcaldes de Chumbivilcas, Llusco, Quiñota; así como dirigentes del Frente de Defensa de la Provincia de Chumbivilcas y del Comité de Lucha del Distrito de Llusco.

La disposición señala que a propuesta del presidente del grupo de trabajo se podrá invitar a organizaciones e instituciones para que apoyen al citado comité técnico ambiental.

Las entidades del gobierno nacional, regional, local y de la sociedad civil disponen de cinco días hábiles para designar a sus representantes mediante oficio dirigido al presidente del grupo de trabajo.

Se precisa, a través de la resolución, que la formación del comité técnico no irroga gastos del tesoro público, pues la participación de sus integrantes es ad honórem.

El comité de trabajo tendrá una duración de 30 días hábiles contados a partir de la publicación de la presente norma.

El Ejecutivo promueve el diálogo con autoridades y dirigentes locales que denunciaron una supuesta contaminación ambiental por parte de las compañías mineras Anabi SAC y Ares SAC.